El tribunal acogió un recurso de amparo presentado por la directora jurídica municipal y determinó que la medida carecía de fundamentos suficientes.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal la autorización judicial que permitió el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Municipalidad de Llay Llay, procedimiento efectuado el pasado 11 de septiembre.
Durante la diligencia fueron incautados un computador laboral y un teléfono personal pertenecientes a la directora jurídica del municipio, Camila Órdenes. El tribunal acogió el recurso de amparo presentado en su favor y determinó que la medida se dispuso sin antecedentes suficientes que la vincularan con los delitos investigados.
Según los antecedentes expuestos ante la corte, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de Los Andes llegaron hasta el municipio para solicitar la entrega de equipos computacionales y teléfonos. El administrador municipal, quien también es abogado, habría requerido la orden judicial que sustentaba el procedimiento.
De acuerdo con lo señalado por el municipio, el funcionario permaneció retenido durante al menos cuatro horas y no pudo comunicarse mientras se gestionaba una orden verbal ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Tras conocerse el fallo, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, calificó los hechos como graves y sostuvo que se habrían vulnerado las garantías constitucionales de trabajadores municipales. Además, solicitó una respuesta institucional de la Policía de Investigaciones por el actuar de los funcionarios involucrados.
El abogado querellante, Raimundo Palamara, señaló que el recurso fue presentado por personas que no corresponden a los querellados y no descartó ampliar la querella contra individuos asociados a los imputados. En paralelo, el municipio espera que se determinen eventuales responsabilidades administrativas por el procedimiento policial.
