Alejandro Riquelme y Álvaro Carter cuestionaron las medidas anunciadas por Argentina contra una empresa vinculada a operaciones aéreas entre el archipiélago y la capital de Magallanes.
Los diputados Alejandro Riquelme, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, y Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, defendieron el derecho de Chile a mantener conexiones comerciales con las islas Falkland, cuya soberanía es reclamada por Argentina bajo el nombre de islas Malvinas.
Las declaraciones se produjeron luego de que el gobierno argentino anunciara un procedimiento sancionatorio y judicial contra la empresa Thales UK Limited, por operaciones aéreas en la ruta que conecta las islas con Punta Arenas. La administración de Javier Milei sostiene que dichas actividades se realizaron sin autorización argentina.
Riquelme afirmó que existen acciones sistemáticas para impedir el libre comercio de Chile con otros países y señaló que en noviembre está previsto el zarpe de un buque desde Punta Arenas hacia las islas. En ese contexto, adelantó que enviará un oficio a la Cancillería para solicitar un pronunciamiento y respaldo a la ruta comercial.
El parlamentario sostuvo que la Convención del Mar y los tratados de 1881 y 1984 entre Chile y Argentina permiten el libre desplazamiento por el Estrecho de Magallanes hacia y desde el Atlántico. A su juicio, ningún país puede impedir que una empresa chilena comercie con las islas Falkland.
Por su parte, Carter planteó que Argentina no puede cuestionar una actividad que Chile tiene derecho a desarrollar y llamó a mantener el intercambio entre Punta Arenas y el archipiélago. El diputado sostuvo que el país debe conservar la facultad de decidir con quién realizar transporte y comercio.
El gobierno argentino ha argumentado que sus medidas buscan detener la explotación de recursos que considera ilegítima en las islas, administradas por el Reino Unido desde 1833. Milei también advirtió que, si el Reino Unido no detiene esas actividades, su país recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
