Los parlamentarios solicitaron conocer los fundamentos de la decisión y propusieron una mesa de trabajo con la empresa ferroviaria y los municipios involucrados.
Un grupo de diputados y diputadas de oposición ofició a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) para solicitar antecedentes sobre la postergación del tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda, contemplado en el proyecto de tren Alameda-Melipilla.
La presentación fue realizada por los diputados Marcos Barraza, Gustavo Gatica, Raúl Leiva e Ignacio Achurra, junto con las diputadas Tatiana Urrutia y Marisela Santibáñez. Los parlamentarios pidieron conocer los fundamentos técnicos, financieros y administrativos de la medida, además de sus efectos en la conectividad del sector poniente y surponiente de Santiago.
Asimismo, plantearon la necesidad de conformar una mesa de trabajo entre EFE y las municipalidades involucradas, con el objetivo de abordar los factores que estarían dificultando la ejecución del tramo entre Lo Errázuriz y Alameda.
El pasado 17 de septiembre, EFE declaró desierta la licitación de ese segmento e informó que concentraría sus esfuerzos en los tramos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, actualmente en ejecución.
Los legisladores señalaron que, debido a esta situación, el servicio previsto inicialmente para 2028 contempla llegar hasta la futura estación Lo Errázuriz del Metro y no hasta Estación Central. El proyecto completo considera 61 kilómetros y 11 estaciones, con beneficios proyectados para comunas del poniente y surponiente de Santiago.
Marcos Barraza sostuvo que la iniciativa es una expectativa que la ciudadanía mantiene desde hace décadas, por lo que se deben explicar los efectos de la postergación en la conectividad, los costos para las familias y el Estado, además de su impacto en el empleo y la reactivación económica.
Gustavo Gatica afirmó que los parlamentarios buscan identificar los factores que han entrampado el proyecto y manifestaron su disposición a trabajar con las instituciones para destrabar su avance. En tanto, Tatiana Urrutia y Marisela Santibáñez cuestionaron la decisión y solicitaron claridad sobre la ejecución de los recursos, los eventuales sobrecostos y las consecuencias económicas del retraso.
