La iniciativa contempla una prohibición de reingreso al país por al menos cinco años y faculta a la PDI para ingresar a domicilios, previa autorización judicial, con el objetivo de concretar expulsiones vigentes.
La Comisión Mixta despachó por unanimidad el informe del proyecto que busca perfeccionar las expulsiones administrativas, iniciativa que ahora deberá ser ratificada por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado para completar su tramitación legislativa.
El proyecto establece un período mínimo de cinco años de prohibición de ingreso al país para las personas expulsadas, manteniendo el plazo que había aprobado la Cámara. La propuesta forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno.
Durante la discusión también se abordaron observaciones relacionadas con posibles interferencias entre los procedimientos de expulsión y las investigaciones penales en curso. En ese contexto, se acordó que, antes de ingresar a un domicilio, la Policía de Investigaciones deberá consultar de manera confidencial al Ministerio Público si existen antecedentes de una investigación penal prevalente.
La iniciativa contempla además que los extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos cuya pena no supere los tres años puedan ser expulsados. En esos casos, el procedimiento penal quedará suspendido mientras la persona permanezca fuera del territorio nacional.
Otro de los puntos aprobados otorga a la PDI la facultad de ingresar a un domicilio, previa autorización de un juez de garantía, cuando exista una orden de expulsión completamente afinada. El ingreso tendrá como único objetivo detener a la persona y concretar su salida del país.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que la medida busca entregar herramientas para ejecutar las expulsiones, mientras que la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Danisa Astudillo, destacó la coordinación acordada con el Ministerio Público para resguardar investigaciones penales vigentes.
