El ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el alcalde Claudio Radonich advirtieron sobre los riesgos de enviar al recinto a un imputado de alta peligrosidad, debido a que no cuenta con dependencias de máxima seguridad.
Autoridades manifestaron su rechazo al traslado de Ronald Quiñones Quintero, imputado ecuatoriano vinculado a casos de sicariato en el Gran Concepción, desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta la cárcel de Punta Arenas, en la región de Magallanes.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó la decisión judicial que ordenó el cambio de recinto a solicitud de la defensa del imputado. Según explicó, Quiñones permanece actualmente bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua, mientras que el penal de Punta Arenas no cuenta con dependencias de ese tipo.
El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas. Arrau sostuvo que Gendarmería informó sobre las condiciones del recinto de destino y que sus recursos judiciales para revertir la medida no prosperaron.
La autoridad advirtió que el traslado podría poner en riesgo la seguridad penitenciaria, de los funcionarios de Gendarmería y de la comunidad. Además, afirmó que desatender los informes técnicos sobre la segmentación de los internos debilita el control dentro de los recintos penitenciarios.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, también ofició al Ministerio de Justicia para solicitar que el traslado no se concrete mientras no existan las condiciones de seguridad, infraestructura y dotación necesarias para recibir a una persona considerada de alta peligrosidad.
En el documento, el jefe comunal pidió que cualquier traslado de estas características sea precedido por una evaluación técnica integral que determine si el recinto de destino cuenta con las condiciones adecuadas para proteger la seguridad penitenciaria y de la comunidad.
Posteriormente, Radonich calificó la medida como sorpresiva y sostuvo que debe ser reestudiada, planteando que el sistema penitenciario debe mantener aisladas a las personas vinculadas al crimen organizado y evitar la expansión de su influencia.
