El organismo informó que 203 municipalidades no declararon la recolección de basura durante 2024 y que casi la mitad de los sitios de disposición final no cuenta con autorización sanitaria vigente.

La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la gestión municipal de residuos domiciliarios, relacionadas con el reporte de información, la disposición final de los desechos y las condiciones de la infraestructura utilizada para su tratamiento.

El análisis consideró antecedentes de las 345 municipalidades del país durante el período comprendido entre 2022 y 2025, además de registros del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y datos proporcionados por organismos públicos vinculados con la gestión ambiental y sanitaria.

De acuerdo con la revisión, el 82% de los municipios no informó, en al menos uno de los períodos analizados entre 2022 y 2024, antecedentes sobre la recolección, valorización o eliminación de residuos domiciliarios. En 2024, específicamente, 203 municipalidades no declararon la recolección de residuos sólidos domiciliarios. La cifra había alcanzado 215 municipios en 2023 y 242 en 2022.

El organismo también constató que el 49% de los sitios de disposición final no cuenta con autorización sanitaria vigente. En este grupo predominan vertederos y basurales de operación municipal o mixta, lo que podría generar riesgos ambientales, sanitarios y financieros.

Asimismo, se identificó una alta concentración de la disposición final en pocas instalaciones. Tres rellenos sanitarios reciben residuos equivalentes al 24% de las comunas del país y al 33% de las toneladas generadas a nivel nacional. En tanto, 12 sitios concentran los desechos provenientes del 59% de las comunas y el 64% de las toneladas generadas en Chile.

La revisión detectó además ocho vertederos con vida útil vencida entre 2003 y 2015, entre ellos Morrompulli, en la Región de Los Ríos, y Curaco, en la Región de Los Lagos.

Ante estos resultados, se anunció una fiscalización nacional para evaluar los riesgos asociados al manejo de residuos, la operación de la infraestructura, la calidad de la información reportada y el cumplimiento de la normativa. También se solicitará a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente informar sus planes de fiscalización para 2026 y 2027.