La Cámara rechazó por un voto una reforma migratoria, mientras el oficialismo enfrentó cuestionamientos por permisos parlamentarios, la Ley Antibarricadas y las diferencias entre Renovación Nacional y Republicanos.
La semana legislativa dejó al descubierto dificultades de coordinación dentro del oficialismo y tensionó la relación del Gobierno con sus bancadas en el Congreso. El episodio más complejo ocurrió el martes, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó una reforma constitucional que buscaba ampliar los plazos de detención de extranjeros con orden de expulsión administrativa.
El Ejecutivo obtuvo 88 votos favorables, pero necesitaba 89 para alcanzar el quórum de cuatro séptimos. La votación terminó con 28 sufragios en contra y 19 abstenciones. La estrecha diferencia abrió cuestionamientos por la ausencia de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encontraban fuera del país acompañando al presidente José Antonio Kast en Estados Unidos.
Aunque las ausencias eran conocidas, los permisos constitucionales no quedaron correctamente tramitados. La secuencia incluyó un artículo equivocado, una corrección presentada fuera de plazo y una alternativa que no fue utilizada oportunamente. El ministro José García Ruminot y su subsecretaria, Constanza Castillo, quedaron bajo presión, mientras Renovación Nacional defendió su gestión y sostuvo que cada bancada debe hacerse cargo de los permisos de sus parlamentarios.
El resultado también profundizó las diferencias entre Renovación Nacional y Republicanos. RN propuso recuperar medidas del segundo gobierno de Sebastián Piñera, como un subsidio a la contratación formal y el fortalecimiento del Fogape, iniciativa que generó críticas desde el sector republicano. El intercambio expuso discrepancias sobre la conducción política y legislativa del Ejecutivo.
En paralelo, la Cámara aprobó la denominada Ley Antibarricadas 2.0, aunque una indicación opositora incorporó una excepción para manifestaciones pacíficas que, según sus críticos, podría dificultar la aplicación de una de las principales novedades del proyecto. A esto se sumaron declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien afirmó que preferiría no acudir al Congreso y priorizar la gestión. Sus dichos fueron calificados como desafortunados por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y posteriormente intentó aclararlos.
El Gobierno aún puede buscar una nueva vía para impulsar la reforma migratoria en el Senado, pero la semana dejó instalada la discusión sobre la responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia y de los partidos oficialistas en la coordinación de votos y permisos parlamentarios.
